ACTUALIZADO EL 28 DE MARZO DE 2017 A LAS 06:44 PM
Ministerio Público imputa a 17 cooperativistas y detiene a 6, entre ellos el expresidente del Instituto, Freddy González
Fiscalía alega que el grupo manipuló nombramientos y falsificó actas para otorgar préstamos con condiciones ridículas a a cooperativas afines o con problemas de morosidad
Una "red criminal" logró infiltrarse en puestos claves del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) para manejar a su antojo el millonario fondo que tiene la entidad para dar préstamos a cooperativas.
Así lo reveló el Ministerio Público, como parte de una investigación en la que se determinó que este grupo manipuló nombramientos en el Infocoop y en el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), realizó reformas irregulares de reglamentos y falsificó actas para controlar el otorgamiento de créditos.
Así, pudieron distraer fondos que están destinados originalmente a favorecer el movimiento cooperativo hacia personas, organizaciones afines a los miembros de la red y a cooperativas con problemas de morosidad.
Estas últimas recibían préstamos con condiciones muy favorables como intereses bajos, extensos plazos para pagar y amplios periodos de gracia.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción señaló que el giro de dinero a entidades con poca capacidad de pago generó pérdidas de hasta ¢9.000 millones al Infocoop.
Según el Ministerio Público, esta organización era dirigida por Freddy González Rojas, quien presidió el Infocoop hasta noviembre del 2009 y es el actual secretario ejecutivo del Conacoop.
Él fue detenido este martes por la mañana en su casa de habitación en la Florida de Tibás, como parte de un amplio operativo que incluyó 18 allanamientos en 12 entidades cooperativas y seis casas de habitación.
Además de González, fueron detenidos otros cinco personeros del sector cooperativo. Ellos fueron identificados con los apellidos: León Mora, Rodríguez Rodríguez, Gómez Ferreto, Siles Zúñiga y Rojas Durán.
León Mora es el presidente del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional, (Cooprena R.L.) y gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa R.L.).
Por su parte, Rodríguez Rodríguez es la directora de la Asociación Onward Costa Rica y, según la Fiscalía, la presunta testaferro de González.
Gómez Ferreto es exdirectivo de Infocoop y gerente del Consorcio de Cooperativas Cafetaleras de Guanacaste y Montes de Oro (Coocafé R.L.). Entre tanto, Siles Zúñiga preside las organizaciones Coodepas R.L., Onward y Fecoopa. Y Rojas Durán es el actual gerente de Financiamiento del Infocoop. Ellos, junto a otros 11 imputados, son investigados por los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.
La fiscala general en ejercicio, Berenice Smith, detalló que el modo de operar de la "red criminal" era mediante el aprovechamiento de los puestos que ocupaban en el sistema cooperativo, pues se trata de personas con amplia trayectoria en el sector.
"Durante tantos años que estuvieron en diferentes puestos de poder conformaron esta organización; de manera que tenían un grupo afín, llegando incluso a manipular los nombramientos en instituciones claves como Infocoop y Conacoop. Eso les permitió tener influencia para acceder a créditos que en otras circunstancias hubiera sido difícil que se les concedieran", mencionó Smith.
"Hay otorgamientos de créditos en su carácter personal. En otros no podemos decir que el beneficio sea personal, pero la ley permite hablar de distracción, dineros de fondos públicos que no fueron utilizados para lo que demanda el sistema cooperativo", explicó la fiscala.
Además dijo: "Los que reciben los créditos son cooperativas que muchas veces estaban en morosidad, recibían créditos con plazos muy cómodos, a intereses muy bajos, lo que les permitió, incluso, en uno de los casos, colocarlos ellos mismos a un interés más alto", aseveró Smith.
"A pesar de que recibieron miles de millones, muchas (cooperativas) se encuentran en morosidad con créditos incobrables y garantías que no representan un respaldo para Infocoop", Berenice Smith, fiscala general interina.
Dentro de los sitios allanados este martes, figuran la sede principal del Infocoop, en barrio México; junto con Conacoop, Cooprena, Fecoopa, Codepas, Onward Costa Rica, Coocafé, Agroatirro, Coopeazucareros, CoopeSarapiquí, Coopesilencio y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.
Los oficiales secuestraron actas, documentos contables y otros archivos que servirán para conocer con mayor detalle la forma en la que los dineros del Infocoop fueron manejados de forma irregular.
También hubo incursiones policiales en las viviendas de los otros cinco cooperativistas involucrados en Moravia y Desamparados, en San José; San Miguel de Sarapiquí, en Heredia; Paraíso, en Cartago; así como Grecia, en Alajuela.
A los detenidos se les pedirá prisión preventiva como medida cautelar y no se descartan más detenciones, enfatizó la funcionaria.
Esa situación también fue dada a conocer por La Nación en un reportaje publicado en febrero anterior, donde se reveló que Infocoop otorgó créditos hasta por ¢2.875 millones en condiciones ridículas, como una tasa de interés de 2%, a un plazo de 35 años y hasta con cinco años de gracia.
El Infocoop es una institución pública encargada de fomentar el desarrollo del cooperativismo a través de financiamientos a cooperativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Mientras, el Conacoop es un organismo de delegados del sector cooperativo que elige a los representantes del movimiento en la Junta Directiva del Infocoop, integrada por siete personas (4 elegidos por los cooperativistas y tres representantes del Gobierno).
La fiscala general interina, Berenice Smith, señaló que, de ser necesario, esperarían que la actual Junta Interventora del Infocoop colabore con las diligencias que falten en este proceso.
El pasado 28 de febrero, el Gobierno acordó intervenir por nueve meses el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), con el argumento de que las autoridades de ese momento habían hecho un mal manejo de los créditos que se otorgan a cooperativas, con tasas muy por debajo del mercado.
Otro caso más.
Paralelo a los 18 allanamientos, el Ministerio Público también hizo una incursión policial en Coopelesca R.L, en San Carlos, "que corresponde a un caso independiente, pero relacionado con créditos otorgados por el Infocoop, no controlados ni supervisados".
Allí se investiga "una contratación por $1.575.000 realizada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en marzo del 2013, a la empresa OAS para el montaje electromecánico del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, ubicado en San Ramón de Alajuela".
Según detalla la Fiscalía, como la firma brasileña OAS carecía de capacidades para realizar este trabajo, subcontrató a Coopelesca y esta, a su vez, contrató a otra empresa.
Por este caso se investiga "la distracción de bienes públicos por parte de los directivos de Coopelesca", pues aparentemente pusieron a disposición de la empresa Aurora Trans S. A "herramientas de trabajo que se adquireron con el crédito otorgado por el Infocoop".
En un comunicado de prensa, la Cooperativa indicó que le aportaron a los oficiales del Juzgado Penal de Hacienda toda la información requerida de este caso.
"En este proceso Coopelesca no es imputada, sino facilitadora de la información requerida en un caso donde el ofendido son los deberes de la función pública", indica el comunicado.
Comentarios
En este caso podemos ver cómo se
desarticula una banda de Crimen Organizado que toman fondos públicos (del
Estado) a través de los subsidios que se otorgan a las Cooperativas. En este
tipo de casos se puede observar la relación entre la la Politica Criminal y El
Derecho Penal ya que en efecto constituye un delito la malversación de fondos
públicos (delito que surgió a traves de un proceso de tipificacion de la
conducta desviada en virtud de ser disvaliosa para el Estado) y es precisamente
a través del Derecho Penal que se viene a iniciar otro proceso para imponer una
eventual sanción (en caso de que resultaren responsables, la conducta debe de
ser típica, antijurídica y culpable).
El control penal, se dice, “se da por
natural, y hasta necesario, todo ello dentro de una posición eminentemente
normativa y por tanto tributaria de la criminología al derecho penal. El
delincuente llega a ser tal por carencias de elementos socializadores, por lo
que el control penal deviene en correctivo, en socialización sustitutiva.”
(Artavia; 1999: 71). Asimismo se añade que, una de las formas en que se
materializa el control penal es por medio de las leyes penales las cuales crean
y configuran la criminalidad y desde la perspectiva de las personas que la
formulan esta contribuye a disminuir la delincuencia. Ante esto la legislación
penal es cada más abundante, más complicada, más represiva, produciéndose una
inflación penal donde la persona que legisla es diligente en penalizar y
aumentar penas y muy limitado en descriminalizar (Kester Campbell, Wanda.
Trabajo Social Criminológico)”
Por otro lado aca podemos observar como
el Labelling Aproach opera pero a la inversa en los delitos de cuello blanco. En
este caso los imputados son personas de las altas gerencias, "con saco y
corbata" y no personas con "tatuajes y pelo largo" los que
cometen los delitos mencionados que se tipifican como Cohecho y eventualmente
malversación de fondos públicos.
Referencias
http://www.elpais.cr/2017/04/05/presunto-lider-de-red-criminal-en-infocoop-ganaba-11-millones-de-colones-mensuales/
Kester Campbell, Wanda. Trabajo Social
Criminológico: aportes desde la Criminología Crítica Pág. 166 a la 171.
Disponible en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2007-09.pdf
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