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Ministra teme narco en cárcel de Liberia

Las autoridades del OIJ trabajan de lleno en el caso


A través de un comunicado el Ministerio de Justicia salió al paso para dar a conocer su posición con respecto a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Liberia por un privado de libertad que indicó fue víctima de estafa por parte de una organización que supuestamente se dedica a tramitar aceleradamente los procesos semiinstitucionales.
Eso lo hacen con recursos económicos quienes no desean cumplir penas de hasta 8 años de cárcel, como en los casos de tráfico internacional de drogas.
DIARIO EXTRA compartió el oficio DG-077-01-2017 del Ministerio de Justicia y Paz, donde se detalla la denuncia interna que presenta el director del CAI de Liberia, de apellido Coronado.
Esta advertencia de los jerarcas del ministerio se entregó 10 días después de presentarse a la fiscalía la denuncia contra la subdirectora, orientador y dos colaboradores del centro penal, acusados de estafar un prisionero con una suma de dinero a cambio de su libertad.
Se cuestiona que se presenta dos semanas después el documento, situación que defendió la institución con el respaldo de los plazos que la ley otorga. 
“En los procedimientos administrativos, la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil establece que cualquier jerarca tiene plazo perentorio de un mes, a partir del día en que fuesen conocidos los presuntos hechos o faltas correspondientes, para iniciar las acciones disciplinarias hacia el funcionario”, expresa el comunicado ministerial.

DENUNCIA

En el texto la cartera de Justicia indica que cuando se conoció la queja del interno, de inmediato se procedió a trasladarlo al Ministerio Público y argumenta que el director del centro penal dispuso que le dieran traslado al reo. 
“El privado de libertad realizó esas manifestaciones el 9 de enero del 2017, razón por la cual la misma Dirección del CAI Liberia dispuso, en aras de la transparencia, que inmediatamente el privado de libertad fuese trasladado al Ministerio Público para que estableciera la denuncia correspondiente por vía penal”.
En este punto DIARIO EXTRA consultó a un exjuez constitucionalista sobre los derechos que le asisten al reo y el profesional dijo que se tratan de derechos que por ley amparan al denunciante y es de acatamiento obligatorio. 
“Cualquier ciudadano puede interponer denuncias cuando la persona siente que se le lesionaron los derechos y considere que violentan la ley, y a un privado de libertad también le asiste ese derecho. No se puede discriminar por esa razón y como cualquier denuncia se tiene que analizar si hay elementos de prueba y no se discrimina a priori”, explicó Ewald Acuña.

PENETRACIÓN

La Ministra de Justicia atendió las consultas de El Periódico de Más Venta en Costa Rica y manifestó que es muy preocupante la posibilidad de que estos hechos llegaran a comprobarse, ya que sería la prueba efectiva de la penetración del narco en las instituciones carcelarias del país. 
“Eso es muy grave y ya manejamos una denuncia en el Ministerio (de Justicia), porque cuando haya una denuncia, por más mínima que sea, estamos dispuestos a llevar al fondo todas las investigaciones y Mariano Barrantes es el responsable de darle fin a esto. 
No tenemos la menor intención de que esto se oculte porque es algo gravísimo si está pasando y esperaría que no fuera cierto”, acotó Cecilia Sánchez.

MÁS CASOS

En su cuenta personal de Facebook, el viceministro Marco Feoli se refirió al tema y entre sus argumentos adujo que la publicación de El Periódico del Pueblo no contaba con otros casos que se pudieran investigar.
Pero en la primera de las entregas el privado de libertad que denunció las anomalías dio detalles que las autoridades del Ministerio de Justicia pueden rastrear en su investigación interna. 
“En julio del 2016 un nicaragüense de apellido Castro Ordoñez cayó con 220 kilos de cocaína en una pipa que se dirigía a Nicaragua. Él no tiene domicilio ni arraigo familiar en el país y obtuvo la libertad teniendo seis meses de estar en Calle Real, teniendo pendiente una condena de 8 años y ya ni siquiera está en el país”, compartió el denunciante.
Otro de los casos al parecer documentados sería el de otro sujeto acusado por tráfico internacional de drogas. 
“Me llama mucho la atención cómo un señor de apellidos Rizuela Palacios cae a la cárcel 8 días después de que a mí me encarcelan. Es un delincuente reconocido, asalta bancos, violador y otros delitos. Este señor está 8 días en iniciados y 4 meses en sentenciados y salió en libertad”, criticó.

DEPÓSITO 

En cuanto a la participación de uno de los acusados apellidado Zapata Villagra, este liberiano dijo a DIARIO EXTRA, por medio de su abogado, que rechazaba todo el contenido de la noticia.
Además presentó una certificación del Banco Nacional de Costa Rica que comprueba que una cuenta de su propiedad fue cancelada desde febrero del 2016, sin embargo, entre los elementos de prueba que ahora investiga el OIJ, el denunciante mostró un voucher de esa entidad donde se hizo el depósito de parte del pago de la libertad del prisionero, pero a una cuenta a nombre de Zapata Zapata, supuesto colaborador en las actividades deportivas del CAI Liberia.
Zapata Villagra no aclaró la relación con el beneficiario del depósito ni la que eventualmente tendría con este hombre.




PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: gustavo.retana@diarioextra.com
Sábado 11 Febrero, 2017

HORA: 12:00 AM


Comentario 


En el presente caso se puede observar en igual forma como ha penetrado el narcotráfico en las estructuras internas del Ministerio de Justicia y Paz lo que revela lo fundamental que se tornan las Politicas Criminales represivas como medio de Prevención de ulteriores delitos lo que en Doctrina se llaman las Teorías de la Prevención General y Especial.  En este caso es fundamental que se continue con la investigación con el fin de enjuiciar y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los responsables de recibir dadivas. 



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